Renuncia la Ex-Magistrada de la Corte Suprema que fue destituida

¡Quedó como payaso!

mayo 02, 2021 en Asamblea LEgislativa, Corte Suprema de Justicia, Democracia, El Salvador

La magistrada Marina de Jesús Marenco de Torrento renuncia a su cargo en la Sala de lo Constitucional. Es la segunda funcionaria de esa instancia que presenta su renuncia. El primero fue el magistrado que luego de ser destituido por la asamblea, presentó su renuncia el dia de hoy.

¡Que ilógico!

El magistrado de lo Constitucional Áldo Cáder, uno de los removidos ayer por la Asamblea Legislativa, decide renunciar a su cargo a partir de este día, y rechaza cualquier vinculación partidaria.

Los magistrados fueron destituidos de sus cargos por la Asamblea Legislativa, por tener haber hecho violaciones a la constitución, de forma reiterada y por tener afiliación política partidaria, algo que es incompatible según la constitución y otros marcos legales.

Otro que ha puesto su renuncia al cargo es el ex-fiscal general, el mismo que fue destituido por la asamblea el dia de ayer. Los diputados expusieron las bases legales de la destitución:

Base legal: Art. 25 de la Constitución:

El Fiscal General será destituido por la Asamblea Legislativa con el voto favorable de las dos terceras partes de los Diputados electos, en votación nominal y pública.

Motivo:

-          Por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones.

Art. 192 y 167 de la Constitución de la República, el cual señala que los funcionarios de segundo grado no pueden tener vínculos materiales con partidos políticos.

Motivo:

-          Melara fue financista del partido ARENA en el año 2014, información que fue obtenida del mismo sitio oficial del partido, con lo cual se prueba el vínculo material con un partido político el cual lo inhabilita para desempeñarse como fiscal general del Estado.

-          Fungió como asesor jurídico del excandidato presidencial ARENA, Carlos Calleja, por lo que  su elección fue inconstitucional.

-          El ex fiscal general Raúl Melara ha incumplido con su obligación constitucional de defender los intereses del Estado y de la sociedad misma.



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